No solo son cifras

Los resultados de las actividades del capitán reformado han sido aterradores. En comparación con agosto de 2019, en julio de 2020 se produjo un aumento del desmonte en la Amazonia del 34%. Solo en junio, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, se constataron 2248 focos de incendios en aquel bioma, la mayor incidencia desde 2007 (representando un aumento de 19,5% en relación al mismo mes del año anterior) y 1034 kilómetros cuadrados desmontados de selva, que representa un 25% de incremento en comparación con 2019 de acuerdo con el sistema de Detección de Desmonte en Tiempo Real (DETER, por sus siglas en portugués). Además, se identificaron 44013 focos de incendios en los últimos ocho meses (de los cuales 29307, un 65% del total, corresponden al mes de agosto).

En la región Norte, los estados líderes en incendios son Pará, Acre y Amazonas. Este último, según la evaluación del Inpe acumula, desde 1988, 29972 kilómetros cuadrados de área desforestada y, desde 2016 a la fecha, más de mil kilómetros cuadrados eliminados anualmente (en 2019 se destruyeron 1434 kilómetros cuadrados de selva en el estado, la mayor superficie en los últimos dieciséis años).

Mientras en 418 municipios de la Amazonia aumenta el desmonte, el gobierno anuncia que la operación de las Fuerzas Armadas «Verde Brasil» realizó, entre mayo y agosto de 2020, 26 mil inspecciones navales y terrestres; que requisó más de 600 embarcaciones irregulares y 800 máquinas de aserraderos, que aplicó más de 500 millones de reales en multas y que confiscó 28,7 mil metros cúbicos de madera ilegal. Pero un informe del periódico O Estado de São Paulo ha mostrado que, en realidad, los números de esta diligencia habían sido inflados por las autoridades.

En el Pantanal, hasta el 31 de agosto, se contabilizaba un incremento del 220% en el registro de focos de incendios en comparación con el año pasado. Eso significan 10153 puntos de fuego. En Mato Grosso y Mato Grosso do Sul ya fueron destruidas al menos dos millones de hectáreas, lo que representa un 12% de su área total.

A pesar de esto, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA, por sus siglas en portugués) corre riesgo de perder hasta un 20% de su presupuesto en 2021 (cabe recordar que en 2020 este órgano contó solo con 1,75 mil millones de reales, lo que ya había implicado una reducción de 14,8% en relación a 2019). Una década atrás, la autarquía poseía 1311 fiscales. Hoy, ese número ha llegado a la irrisoria cifra de 591 agentes. La cantidad de multas también ha disminuido marcadamente: 54% menos entre enero y mayo de 2020 en relación al mismo período del año pasado.

El activismo que combate los desmanes de esta administración ha sido blanco constante de atentados y agresiones. Las vidas de los militantes ecologistas están en peligro constante desde que Bolsonaro llegó al poder. La embestida contra los ambientalistas ha aumentado –esto es un hecho– especialmente a causa de la sensación de impunidad por parte de los violadores del ambiente. De acuerdo con el informe más reciente de Global Witness titulado «Defender mañana», durante 2019 fueron 148 las personas asesinadas en América Latina mientras luchaban por causas ambientales (incluyendo líderes de movimientos sociales y defensores de los derechos humanos), 24 de ellas en Brasil (siendo 10 indígenas). El 90% de estos asesinatos, vale destacarlo, sucedió en la región amazónica. Y buena parte de ellos fue perpetrada por sectores ligados a la minería, al extractivismo maderero o al agronegocio.

Responsabilidades I

El ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, es uno de los principales responsables de la desastrosa política del gobierno en este ámbito. En abril, un director y dos coordinadores de fiscalización del Ibama fueron despedidos luego de realizar operaciones en Altamira (Pará) contra «grileiros» (usurpadores de tierra pública) y «garimpeiros» (de minería ilícita) en tierras indígenas de los Apyterewa, Trincheira Bacajá y Kayapó (región de la Volta Grande do Xingu), donde se destruyeron 100 máquinas deforestadoras.

Además, Salles eliminó los superintendentes de 21 estados del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio, por sus siglas en portugués), desestructurando la cadena de comando del organismo de monitoreo. También redujo el número de horas de actuación de campo de sus servidores y dejó de usar 1,6 mil millones de reales en el combate al desmonte. Extinguió los comités técnico y asesor del Fondo Amazonia (una donación de los gobiernos alemán y noruego de 33 millones de reales cuya finalidad era ser utilizada para actividades de fiscalización, que el Banco Nacional de Desarrollo nunca utilizó).

El fondo público destinado específicamente a la inspección de incendios y la reducción de cobertura vegetal para este año es de apenas 76,1 millones de reales, y fue agotado casi en su totalidad durante el primer semestre del año.

Salles ha criticado los sistemas de monitoreo de focos de incendio por satélite y ha defendido el despido del director del Instituto Nacional de Investigación Espacial Ricardo Galvão. Ha incentivado, también, el empleo de las Fuerzas Armadas en operaciones de «GLO» (Garantía de Ley y Orden) en la selva, que en solo dos meses han costado más de 124 millones de reales.

Es responsable por la reducción de la participación de la sociedad civil en el Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAMA, por sus siglas en portugués), dejando un 80% de los cargos en manos de integrantes del gobierno. Implementó una «ley mordaza» en el IBAMA que resultó en una disminución de la transparencia, la censura de empleados y la obstaculización de la divulgación de información. Dispuso que las preguntas de periodistas debían ser previamente orientadas por la asesoría de comunicación del mismo Ministro de Medioambiente. Quitó de los sitios oficiales del gobierno los mapas de áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad. Transfirió al Ministerio de Agricultura el poder de conceder selvas públicas para la producción maderera y extinguió la Secretaria de Cambios del Clima y Selvas.

Por todo esto y mucho más es que en el mes de julio un grupo de doce procuradores del Ministerio Público Federal confeccionó un listado de catorce actos de improbidad administrativa en la gestión de las políticas ambientales para exigir que Salles sea apartado del cargo.

Responsabilidades II

El general Hamilton Mourão, vicepresidente de la República, no ha hecho más que minimizar los estragos ecológicos. Hacia fines de agosto, cuando el INPE divulgó la existencia de 24 mil focos de incendio en la Amazonia, llegó incluso a afirmar que la devastación en la región era, en realidad, solo «una aguja en un pajar». Pero el aumento de las internaciones en hospitales de indígenas y habitantes de áreas urbanas cercanas a las quemas por problemas respiratorios indican lo contrario.

Pero tal situación parece no sensibilizar en absoluto a las autoridades, al igual que tampoco las sensibiliza el avance del coronavirus en el interior del país: un verdadero genocidio de los pueblos originarios que tiene entre sus máximos responsables al Ministro de Salud Eduardo Pazuello.

A pesar de todo esto, Bolsonaro ha desecado las multas en los lugares donde crece el desmonte. Durante 2019, las multas por violaciones ambientales disminuyeron en 234 municipios, dinámica que se agudizó en 2020. El IBAMA, por ejemplo, penalizó un 40% menos durante el primer semestre de este año en relación con el anterior (lo que representa el menor número de multas de los últimos diez años). La reducción más significativa de la cobranza de multas fue en Pará, donde son 108 los municipios en donde, en comparación con el año anterior, creció la deforestación.

En Água Azul do Norte, por ejemplo, donde se localiza la reserva indígena de los Xikrin do Cateté, pese a que el desmonte ha crecido 9,7%, no se ha aplicado ninguna multa. Vale aclarar, además, que esta región es una de las más afectadas por el COVID-19 cuyo río, incluso antes de la pandemia, contaba con índices alarmantes de contaminación de plomo, hierro, cobre, níquel y cromo, resultante de los desechos de minería arrojados por la empresa Onça Puma, propiedad de la empresa Vale.

En Pará, el IBAMA ya tuvo tres directores (dos superintendentes fueron despedidos), todos ellos militares que, en la práctica, actúan como «interventores». No son especialistas en el asunto y obstaculizan el trabajo eficiente del órgano. De los nueve estados de la Amazonia Legal, durante el primer año de gobierno de Bolsonaro, siete de ellos tuvieron una reducción de las multas.

Y como si esto fuera poco, la actual administración ya lleva certificadas más de 250 mil hectáreas para la construcción de haciendas en tierras indígenas de la Amazonia (Mato Grosso, Pará y Maranhão).

El pasado tres de septiembre, en una de sus transmisiones en vivo semanales, minimizando el problema de las quemas, el presidente dijo que tenía ganas de «matar a las ONGs de la Amazonia» y que el aumento de áreas indígenas y de quilombolas es prejudicial para el agronegocio. Por no mencionar la defensa de una mayor participación de la iniciativa privada en los diferentes biomas del país que ya había hecho el Ministro Ricardo Salles, para quien el rol del gobierno debe ser el de «no interferir». En agosto, el general Mourão expresó interés en la captación de inversiones de China, Rusia e India para la parte brasileña del «pulmón del mundo. A causa de esta nítida línea de actuación del gobierno, el Banco Nacional de Desarrollo está evaluando un modelo de concesión de selvas para el sector privado, incluyendo parques como los Lençóis Maranhenses, Jericoacoara e Iguaçu. También se pretende implementar un reglamento para créditos de carbono.

La falta de una política de Estado clara y firme en relación al ecosistema hizo que los grandes bancos (Itaú, Bradesco, Santander) establezcan un consejo consultivo sobre la Amazonia para analizar proyectos en marcha y proponer planes para la región. Esa no-política fue, también, lo que estuvo en el origen de la constitución de una «alianza» entre empresarios, ejecutivos, militares, economistas y políticos, llamada «Concertación por la Amazonia», cuyo objetivo es proponer alternativas para la cuestión ambiental.

Así, son los grandes capitales privados (tanto nacionales como extranjeros) los que toman las decisiones sobre el rumbo a seguir en territorio brasileño. Y lo hacen con plena complacencia por parte de las autoridades en Brasilia.

El país está en manos de una burguesía de rapiña, entreguista, que nunca tuvo interés en su pueblo (solamente en espoliar sus riquezas y remitir la ganancia al exterior). Es gobernado por un individuo intolerante, negacionista, racista y autoritario, un representante del lumpenaje y de las milicias, sin ninguna preparación política o intelectual y aliado de los madereros, los «grileiros», los «garimpeiros» y el agronegocio.

La situación que vive Brasil es la más grave en décadas. Solo cabe esperar que, más temprano que tarde, Bolsonaro, Pazuello, Salles y el resto de la cuadrilla en el poder sean juzgados y encarcelados por sus crímines.